Nota de doctrina: Aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor al Régimen de Riesgos de Trabajo a la luz de la reforma introducida por la Ley N° 26.631

Publicacion Revista de Daños IJ Editores. Doctrina

Autor:   Carnevale, Fernando

Publicación: Revista Jurídica de Daños. IJ EDITORES

Fecha:  20-03-2014

Fuente: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=68046&print=2

  1. Introducción –

 

A menudo, y sin errar criterio, se analizan el derecho de daños dentro del ámbito laboral como un compartimento estanco dentro del derecho, esto es debido a su especialidad, aún a pesar de compartir el mismo derecho civil de fondo.

 

Ahora bien, con la inclusión de los trabajadores al régimen de aseguramiento de riesgos de trabajo en el año 1995, se adopto un criterio similar, la creación de un derecho sui generis que nació con fines –en principio- mayormente asistenciales, y que a pesar de estar fundado en bases civiles y comerciales, se mantuvo en la esfera de lo especial, y adjudicada exclusivamente al entendimiento de los jueces del trabajo y de la seguridad social.

 

Aún a pesar de existir una legislación específica como la ley 24.557, sus modificatorias e interminables decretos reglamentarios, poco se ha dicho de la singular naturaleza jurídica de la relación existente entre las empresas que prestan el servicio y los damnificados beneficiarios del seguro.

 

Adelanto la hipótesis a desarrollar, indicando que los trabajadores damnificados en los términos de la Ley N° 24.557, son verdaderos beneficiarios de un contrato de seguros, y por ende gozan de la protección y herramientas que le provee la Ley N° 24.240, ante los incumplimientos que dichas entidades incurran y los daños que estas les provoquen.

 

Entiendo como primer paso a los fines de dilucidar la cuestión, necesario encuadrar a los trabajadores damnificados dentro de alguno de los presupuestos de legitimación activa que se encuentran en la ley 24.240.

 

A tal fin, dejaremos de lado la discusión existente que pone en tela de juicio la aplicación de la ley de defensa del consumidor a los contratos de seguros.

 

En este sentido, a pesar de los respetables argumentos doctrinales existentes que respaldan una y otra postura, tomando como dato de la realidad la tendencia jurisprudencial, y en beneficio del análisis a realizar asumiremos sin más, la aplicación lisa y llana de la ley 24240 al régimen de seguros, entendiendo a tal efecto que este tema ha sido suficientemente desarrollado por la doctrina contemporánea.

 

  1. Análisis de la legitimación del beneficiario no contratante en el régimen general de seguros –

 

Como primer obstáculo a sortear, debemos considerar que los trabajadores que están comprendidos dentro de la órbita de la Ley de Riesgos de Trabajo N° 24.557, no han contratado por si mismos el seguro. Ellos resultan beneficiarios del contrato, más no contratantes per se.

 

Debemos mencionar que con la introducción de la reforma establecida por la Ley N° 26.631 ha cambiado ciertamente el espectro de derechos subjetivos de aquellas personas que se encuentran alcanzadas o beneficiadas por un contrato de seguro.

 

La redacción original de la norma, resultaba excluyente de terceros beneficiarios, indicando en su artículo primero que “Se consideran consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social”. Es decir, los terceros beneficiarios no contratantes estaban excluidos de su aplicación, al menos en la interpretación textual de la norma.

 

Sin embargo, la nueva normativa modifica significativamente la redacción, incluyendo expresamente al beneficiario de las pólizas, indicando que “Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.”

 

La nueva redacción no admite entonces análisis en contrario, respecto de la introducción de un nuevo legitimado al reclamo de las obligaciones establecidas en la póliza.

 

Podemos aseverar que, la situación del trabajador se corresponde por analogía a la del beneficiario del “seguro de fallecimiento” donde no existe identidad entre el tomador y el beneficiario. Señala Facal [1] en referencia a los seguros de vida, que por primera vez, con la introducción de la referida reforma, comienza a ser el beneficiario, no contratante del seguro, legitimado en los términos de la Ley N° 24.240.

 

Refiere en este sentido que “ El beneficiario de un seguro es aquella persona, física o jurídica que por voluntad expresa o ficta del tomador del seguro adquiere el derecho a reclamar la prestación del asegurador a la muerte del agurado. El Beneficiario designado como tal, en un seguro de vida o de accidentes personales, no adquiere derechos sino con la muerte del asegurado, salvo que la designación hubierse sido hecha a titulo oneroso.

 

Siendo así es evidente que “sin ser parte de la relación de consumo”, porque es un tercero en el contrato, ha adquirido –con el deceso del asegurado- un crédito (bien) como “destinatario final” “

 

Ahora bien, habiendo desarrollado someramente el origen de la inclusión de los nuevos legitimados, y constatando que la posición del beneficiario del seguro de riesgos de trabajo no difiere de aquellos comprendidos en el régimen general de seguros, podemos analizar las características especiales del mismo.

 

III. Naturaleza del Contrato de Seguro de Riesgos de Trabajo –

 

Corresponde también interiorizarnos en las características de la relación contractual, a los fines de dilucidar cual resulta ser el objeto de las prestaciones.

 

En este sentido, debemos indicar si las prestaciones a cargo de las empresas se limitan a la protección del patrimonio del asegurado, reparación de daños, o simplemente un régimen previsional complementario cuya financiación se encuentra a cargo de los empleadores y administración en manos de privados.

 

Se debe destacar que a las singularidades de la contratación que fueron referidas arriba, se adiciona una pobre técnica legislativa y una miríada de declaraciones de inconstitucionalidades que hace incierto saber los verdaderos alcances de las obligaciones asumidas.

 

Sin embargo, ateniéndonos estrictamente a la letra de la norma, podremos dar conteste al debate aquí suscitado.

 

En principio podemos descartar que se trate de un tipo régimen previsional. Existen argumentos a favor como pueden ser las prestaciones en especie, la existencia de rentas periódicas y la competencia de la justicia de la Seguridad Social. Sin embargo, la actividad no se encuentra desarrollada por administradores (Tal y como lo eran las Administradoras de fondos para Jubilaciones y Pensiones), sino por compañías de seguro operando mediante la técnica asegurativa y con un especifico fin de lucro.

 

Careciendo entonces de carácter contributivo, solidario y redistributivo, y siendo desarrollado bajo la técnica asegurativa, debemos suprimir la posibilidad de que nos encontremos exclusivamente ante un fenómeno de la seguridad social.

 

Realizando un examen desde el punto de vista de seguros y tratando de encuadrarlo en una tipología existente, llama poderosamente la atención que la normativa en su redacción original despoja al trabajador de toda acción de daños contra el empleador, y sin embargo es el mismo empleador el que se encuentra obligado a asegurarse contra el daño que sus trabajadores pudieran sufrir en ocasión de trabajo. Esto de por si, descartaría la posibilidad de que se trate de un tipo de seguro de responsabilidad civil.

 

La rigidez de la norma nos lleva a afirmar que el asegurado es el empleador y que no se trata de un “seguro en cabeza del trabajador, y a cargo del empleador”,– situación que nuestra legislación hubiera admitido perfectamente como el seguro por cuenta ajena, delimitado dentro de la noción de «interés asegurable» que nuestra ley de seguros recoge en su preceptiva -arts. 1, 2, 60, 81, 82, 83 de la Ley N° 17.418-.[2]

 

Podemos aseverar que, más allá de su dudosa técnica legislativa, que el sistema goza de características hibridas, habiendo sido referido por la doctrina que el contrato de seguro de riesgos de trabajo se asemeja a un seguro social contributivo. [3]

 

Se observa también, que a pesar de la existencia de prestaciones médicas y de rentas periódicas establecidas en la ley 24.557, dicha norma instituye el pago de “indemnizaciones”. Si bien estas indemnizaciones resultan ser tarifadas, las mismas se encuentran destinadas a la reparación del daño sufrido por el trabajador beneficiario.

 

Sometemos al lector una vez más a considerar analógicamente el seguro obligatorio automotor, donde existen obligaciones indemnizatorias, así como también asistenciales, (Art 68, Ley Nacional de Transito, 24.449).

 

Vale destacar que en el caso de los seguros de riesgo de trabajo, a diferencia de los seguros de responsabilidad civil, existe un nexo directo entre la empresa y el beneficiario, esto es, la aseguradora es un obligado directo al cumplimiento de las prestaciones legales, y no en garantía como sucede en el arts. 109, 110 y 118 de la Ley N° 17.418.

 

Esto resulta de vital importancia al analizar la actividad empresarial de las aseguradoras de riesgos de trabajo, quienes tienen la obligación legal de responder por sí mismas y con inmediatez ante las eventualidades suscitadas, en vez de accionar con el único fin de mantener indemne el patrimonio de sus asegurados.

 

En este caso, es el nexo directo existente entre aseguradora y beneficiario es el que determina que la génesis de las obligaciones obedezca a una causa contractual e inmediata, y no solo legal y en garantia como es en el caso de los seguros de responsabilidad civil, habilitando de este modo la aplicación de la normativa de defensa del consumidor.

 

  1. Aplicación Ley N° 24.240 al Régimen de Seguros de Riesgos de Trabajo –

 

Habiendo establecido entonces, que definitivamente nos encontramos ante entidades que efectivamente ejercen la actividad asegurativa, que resultan obligados directos al pago y cumplimiento de las prestaciones, y que los trabajadores beneficiarios de estos seguros se encuentran comprendidos en los supuestos de legitimación activa dentro de la ley 24.240, podemos concluir que será de aplicación el mandato dispuesto por el Art. 42 de la constitución nacional, y la totalidad de la normativa reglamentaria de dicho articulado, esto es, aún con preeminencia a la misma ley de seguros (Art. 3 ley 26.361)

 

Podemos encontrar que su inclusión en el régimen tiene sentido en virtud de un sinnúmero de argumentos, ya sea constitucionales, teleológicos, terminológicos, analógicos y normativos, tal como diestramente lo expone SOBRINO[4] en su obra consumidores de seguros, pero también desde el aspecto de del análisis económico del derecho.

 

Como lo ha demostrado la experiencia de aquellos profesionales que hemos tenido contacto directo con situaciones de tipo administrativo donde se encuentran involucrados los beneficiarios de este tipo de contratos, podemos observar una desidia incremental en el cumplimiento de las obligaciones asistenciales, las que obedecen puramente a motivos económicos.

 

Se suma a esto la centralización del régimen sancionatorio en un solo órgano, la superintendencia de riesgos de trabajo, que realizando el trabajo de fiscal y juez debe investigar y sancionar el accionar de las aseguradoras respecto de su actuación con varios millones de individuos alcanzados por este seguro a lo largo de todo el territorio nacional, sin mencionar que estos Individuos, que no tienen legitimación para actuar como parte querellante en el proceso de denuncia (Resolución SRT 10/97), ni facultades para apelar el dictamen.

 

Se ha establecido un sistema de desgaste del beneficiario y apreciación maliciosa de los daños, que si bien ha sido aplacado por parte de los tribunales y la declaración de inconstitucionalidades, continúan siendo la norma.

 

En suma, y como se refería al inicio de este trabajo, la apreciación compartimental de los seguros de riesgos de trabajo como una actividad privativa de la justicia laboral y de la seguridad social ha llevado a que las empresas aseguradoras, que obedecen a una maximización de su lucro, no tengan realmente incentivo en dar cumplimientos a los preceptos más básicos de la Ley N° 24.240.

 

La opinión en contrario sería consensuar que el beneficiario no tiene derecho a ser informado adecuadamente, que puede ser sujeto el ejercicio de las practicas abusivas y vejatorias sancionadas por el art. 8 bis de la Ley N° 24.240, desprovisto de herramientas legales.

 

Las ramificaciones de la inclusión de las aseguradoras de riesgos de trabajo dentro del régimen de defensa del consumidor exceden por mucho la extensión del trabajo aquí desarrollado, pero entre las más significativas podemos observar:

 

a) La aplicación de un nuevo ente local de contralor de las obligaciones referidas a la normativa de consumo. En este caso, el art. 36 de la Ley de Riesgos de Trabajo no le asigna la exclusividad a la superintendencia de riesgos de trabajo en la aplicación del régimen sancionatorio, cuestión que implicaría que en los términos del art. 41 la Ley N° 24.240, la autoridad de aplicación local, Nación, Provincias y Ciudad de Buenos Aires, puede sancionar a las distintas entidades respecto del incumplimiento de las normas referentes al consumidor, proveyendo ahora sí, de las garantías procesales a los damnificados.

 

  1. b) La introducción del sancionamiento punitivo a las empresas aseguradoras de riesgos de trabajo como modo de contrarrestar el incentivo existente a obtener beneficios económicos desproporcionados mediante el incumplimiento consuetudinario de sus obligaciones legales desde una perspectiva del análisis económico del derecho y sin contemplar la función social del seguro.

 

De este modo y tras el análisis realizado podemos considerar que se encuentran reunidos los elementos necesarios para aseverar que resulta de aplicación la totalidad de la normativa de defensa del consumidor respecto el peculiar régimen de aseguramiento de riesgos de trabajo, otorgando a los actores y operadores de dicho sistema, reales herramientas jurídicas para evitar que se desvirtué la función social del seguro, sobre todo en cuestiones de gran porte asistencial como es la de los infortunios laborales

 

 

 

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[1] AGUIRRE F. Seguros y defensa del consumidor. Ed. Abeledo Perrot. Bs.As., 2012. P.103.

[2] C.N.Com. SALA A. 22.8.2001 Autos: LACTONA SA C/ ALMADE SA Y OTROS S/ ORDINARIO.

[3] Grisolia Julio A. DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL . Ed. De Palma. 1999.P.698

[4] Waldo, Sobrino. Consumidores de seguros. Ed. La Ley. 2009.P. 118.

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